Desde su retorno al poder, el 15 de agosto de 2021, los talibanes han privado a las mujeres afganas de los más elementales derechos sociales, así como también del acceso al trabajo. Impiden a las jóvenes ingresar a la educación secundaria y, desde hace pocas semanas, prohibieron su acceso a las universidades, en línea con una interpretación extrema de la ley islámica (sharía). De esta manera, la educación formal de las afganas quedó vetada en todos los niveles.
Durante ese tiempo, el país ha sufrido un retroceso en derechos humanos, civiles y políticos, en definitiva, una vuelta atrás en la que las mujeres han sido las más castigadas, prácticamente borradas de la vida pública.
La prohibición de acceder a la educación superior llega menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo el país. El objetivo, por supuesto, es impedir que se capaciten, que amplíen su experiencia y cultura, manteniéndolas absolutamente al margen de todo. El régimen talibán ha condenado y degradado a las mujeres a ser ciudadanas de segunda categoría, o a desaparecer sin más de todos los ámbitos sociales.
Este nuevo ataque a los derechos de las mujeres generó una oleada de condenas internacionales. Así, por ejemplo, los ministros de Relaciones Exteriores del G-7 afirmaron que “la persecución de género puede constituir un crimen contra la humanidad”. A las condenas se sumaron Turquía e Irán, dos países de mayoría musulmana, este último por demás extremista. La Unesco condenó “firmemente” la medida y reclamó su “revocación inmediata”.
El canciller turco, Mevlüt Çavuşoğlu, declaró de manera contundente: “Esa prohibición no es ni islámica ni humana. Esperemos, si Dios quiere, que renuncien a esa decisión”. En tanto, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Naser Kanani, dijo que esperaba que los talibanes afganos “abran rápidamente la vía a la reanudación de la educación de las niñas en todos los niveles”.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a los talibanes que reviertan las políticas dirigidas a mujeres y niñas en Afganistán, expresando alarma por la “creciente erosión” de los derechos humanos en el país y solicitando “la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y las niñas en Afganistán”.
Cabe recordar que las mujeres no tienen derecho a viajar sin estar acompañadas por un hombre de su familia y deben cubrirse con un burqa o un hiyab cuando salen de sus domicilios. En octubre pasado, los talibanes también prohibieron a las mujeres afganas acceder a los parques, los jardines y a los gimnasios de Kabul, uno de los últimos espacios de libertad que tenían ante las severas restricciones de derechos impuestas por el régimen fundamentalista islámico.
Occidente no puede abandonar a las mujeres afganas al atroz destino que les espera bajo el mando talibán. Los derechos humanos no se defienden solo donde su protección no comporta riesgo alguno o donde reporta réditos electorales. Tampoco donde la ideología prevaleciente determina a quién y cuándo conviene defender. Corresponde denunciar las amenazas a estos derechos, como ocurre en Afganistán. Sin embargo, el atronador silencio de los organismos locales que deberían alzar la voz solo confirma que, para la mira corta del oficialismo, algunos son más sujetos de derechos que otros.
LA NACION
