Palabras que el kirchnerismo no quiere ni pronunciar

A Natalio Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y moderador del seminario, se le escapó una sonrisa al presentar al jefe del Banco Central. “Tarea difícil si las hay”, definió, mientras le daba pie para hablar anteayer en el Consejo de las Américas, del que participaron por Zoom funcionarios del Gobierno y referentes de la oposición. Miguel Ángel Pesce no esquivó entonces la alusión: sabía exactamente qué asunto esperaban que tratara. “Es imposible que un presidente del Banco Central, y especialmente de la Argentina, y en una exposición de este tipo, no se refiera al tema de la inflación”, aceptó, y le atribuyó al fenómeno una causalidad “múltiple”. Enumeró varias causas: la ausencia de un mercado de capitales, la recomposición de márgenes de las empresas en hasta 80 o 90%, “las consecuencias de la pospandemia” y las alzas en el petróleo y los alimentos.

Pesce excluyó en ese compendio una palabra clave: emisión. ¿La estaba olvidando? ¿No la considera, a pesar de que la base monetaria subió a más del doble durante el gobierno de Alberto Fernández? ¿O la omitía de modo deliberado? La elipsis hace sospechar que será difícil concretar el diálogo con la oposición que, desde Cristina Kirchner hasta Sergio Massa o Martín Guzmán, han empezado a proponer para facilitar el despegue de la Argentina. ¿Por qué alguien que define la inflación como “multicausal” silencia una de las principales causas, la cantidad de dinero, aun si no la cree la única? La pregunta desencadenó especulaciones y críticas entre economistas más ortodoxos que Pesce. Si, como dijo, las empresas subieron los precios para “recomponer márgenes”, ¿con qué dinero se pagaron esas alzas? ¿No debió haber existido necesariamente mayor circulante en la plaza si todos cobraron más caro? ¿Por qué en otros países los precios internacionales explican solo 2% de la inflación, mientras en la Argentina la suba generalizada fue de 30 a 50%? ¿Hay empresarios altruistas en los otros 195 países? ¿No hay en ninguno de ellos monopolios, es decir, el capitalismo resultó en esos destinos un éxito?

Si Pesce dijera de una vez, por ejemplo, que en realidad la prioridad del Gobierno ha sido durante la pandemia sostener la liquidez y la demanda incluso conociendo la consecuencia inflacionaria, tal vez habría mayores posibilidades de entenderse con la oposición. Pero hasta ahora las posturas sobre el problema con los precios parecen muy distantes. Tal vez porque el oficialismo no lo considera tan grave. Guzmán, por lo pronto, habló en el Consejo de las Américas durante casi diez minutos y ni siquiera pronunció la palabra inflación. Y eso que expuso varios temas: la desigualdad, la necesidad de “proteger las capacidades productivas” y el empleo, la sostenibilidad ambiental.

Como en aquella entrevista de la que Hernán Lorenzino se quiso ir en abril de 2013, hay palabras que vuelven a parecer tabú. Justo en momentos en que el electorado empieza a ubicar la inflación entre las principales urgencias. Un reciente sondeo de la Universidad de San Andrés indica que el aumento en los precios encabeza principalmente la lista de preocupaciones de quienes votaron en 2019 a Alberto Fernández. Los votantes de Macri la tienen en cambio en la segunda posición, detrás de la corrupción.

La dimensión de este tabú excede la economía. Gravita, por ejemplo, en la discusión entre el Gobierno y los dirigentes sociales, cada día más demandantes de remuneraciones que la inflación carcome. “No mires más el dólar: empezá a prestarles atención a los movimientos sociales”, resumió a este diario un operador peronista del conurbano. Ese espectro no es uniforme: abarca desde el Partido Obrero hasta el Movimiento Evita, más afín, o el impredecible Juan Grabois, a quien el ministro Juan Zabaleta le ha dedicado ya varias reuniones. Entenderse con ellos será para la Casa Rosada el precio de una calle tranquila. Fracasar, en cambio, pondrá en riesgo uno de los pocos logros de que se jactan los colaboradores del Presidente: “A diferencia de lo que pasó en muchos países, acá no explotó una crisis social”.

En el kirchnerismo han tomado conciencia de la amenaza. Por lo pronto, desconfían de los militantes propios. El sitio La Política On Line reveló esta semana una conversación que en el Movimiento Evita niegan, pero que de todos modos expone una situación tensa y real: el año pasado, en uno de los viajes que hace cada tanto a la Argentina desde España, Mario Firmenich le reprochó a Emilio Persico que, con sus presiones por mayores ingresos para los excluidos, se estuviera convirtiendo en “el Vandor de la pobreza”. Una referencia al sindicalista que se enfrentó con Perón. En la Casa Rosada confían en que la necesidad y, principalmente, la polarización social mantengan las cosas en su lugar: “Al final, todos somos peronistas: podés criticar a Riquelme, pero nunca vas a llegar a hacerte de River”, graficó un funcionario. Pero algunos líderes del Frente de Todos optan por tomar precaución y distancia. No solo el ministro bonaerense Andrés Larroque, que se opuso públicamente a la creación de un “sindicato de pobres”, definición que le valió una pelea con Grabois, sino también Massa, que en el Consejo de las Américas propuso un acuerdo con “todas las fuerzas políticas para salir del esquema de programas sociales al de programas de empleo”. Massa coincide con Larroque y la ortodoxia económica: “La emergencia no se puede transformar en permanente”, repitió anteayer.

Es un desafío porque la Argentina no crece ni genera trabajo privado en términos netos desde hace más de diez años y tiene el salario real en el nivel de 2004, peor que en el peor momento de la era Macri. Un relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados indica que la actividad, que había empezado a recuperarse en junio (+2,4%), volvió a retroceder en julio en la variación mensual (-1,8%), pese a que la comparación con julio de 2020, con toda la economía en cuarentena, muestra un aumento del 8,2 %. “Hay recuperación, pero con baches”, advirtió Fausto Spotorno, economista de la consultora.

El Gobierno debe primero ponerse de acuerdo en cómo volver a crecer. Un año después del caso Vicentin, su primer desencuentro con el establishment económico, el Frente de Todos no saldó todavía sus diferencias internas al respecto. La senadora Anabel Fernández Sagasti, autora de aquel proyecto, planteó anteayer ante los empresarios del Consejo de las Américas que seguía prefiriendo la intervención estatal. “Creo que va a ser importante el rol del Estado en la salida de la pandemia, un Estado inteligente que intervenga, por supuesto, en la producción y en el aliento a la producción en cuanto a inversión en infraestructura y aliento a la exportación”, dijo.

Hasta ahora, el único consenso oficialista claro es de carácter electoral. No hubo que deliberar mucho para que todo el Frente de Todos, con Cristina Kirchner en primera fila, respaldara públicamente a Alberto Fernández en medio del escándalo por las visitas a Olivos. Es entendible: en Almirante Brown, un distrito emblema de la tercera sección y donde arrasa en las encuestas, esa foto le hizo perder al Presidente diez puntos de imagen positiva (de 62 a 52) y entre 3 y 4 de intención de voto, según sondeos propios. El apoyo surgió entonces como acto reflejo. Si hay algo que el kirchnerismo ha aprendido en sus cuatro períodos son los perjuicios de ir dividido a una elección. Le falta incorporar lo más difícil: cómo encarar problemas económicos sin agravarlos o consumirse stocks. Son temas que prefiere ignorar. Sus palabras tabú.

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