El Estado gasta casi el doble en subsidios energéticos al AMBA que en atender el costo de la pandemia

La política del Gobierno de subsidiar los servicios de gas y de energía eléctrica en el área metropolitana, como exige la vicepresidenta Cristina Kirchner, le costó al Estado la friolera de $105.150 millones sólo durante el primer trimestre, un 228% de aumento respecto del mismo período del año pasado. Es tal su magnitud que incluso casi duplica el gasto que el Estado destina a paliar los efectos de la pandemia, que insumió $58.032 millones durante los primeros tres meses del año.

El ritmo de crecimiento de los subsidios energéticos es alarmante: según un informe que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), de los $105.505 millones erogados durante del primer trimestre, casi la mitad ($54.022 millones) correspondieron sólo al mes de marzo, cuando todavía no comenzaron las temperaturas más crudas de la temporada invernal. Las comparaciones sirven para dimensionar el fenómeno: lo que el Estado erogó en un mes para mantener las tarifas congeladas en el área metropolitana es casi idéntico a lo que gastó en tres meses, para todo el país, para atender la pandemia ($58.032 millones), incluida la compra y traslado de vacunas. Así lo detalla el último informe de ejecución presupuestaria que elaboró la Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC).

Los contrastes son tan rotundos como sorprendentes. De acuerdo al relevamiento de ASAP, la cifra que el Gobierno gastó en un trimestre a subsidiar la luz y el gas aventaja largamente los $68.000 millones que destinó, en igual período, al Ministerio de Desarrollo Social, responsable de buena parte de las políticas de asistencia alimentaria. También superó en casi $20.000 millones lo que asignó para los tres primeros meses al Ministerio de Educación ($83.768 millones). Es tal su magnitud que es incluso superior a lo que recibieron los ministerios de Transporte ($18.695 millones), Obras Públicas ($46.487 millones) y Desarrollo Territorial y Hábitat ($17.641 millones) todos juntos.

De proseguir este vertiginoso ritmo de aumento, los subsidios amenazan con convertirse en una inmensa bola de nieve capaz de voltear todo intento de contención del gasto público y de achicar el déficit fiscal. Lo advirtió el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, inquieto ante un eventual fracaso de la renegociación de la deuda con el FMI si la Argentina no logra encauzar sus cuentas públicas.

“Nosotros también tenemos que ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro rico. En un país con un 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba ese subsidio. Barrios en donde vive gente de altos ingresos”, advirtió Guzmán el viernes pasado, en velada crítica a la política de subsidios que se aplicó durante la gestión de Cristina Kirchner y que la vicepresidente se obstina en mantener.

La decisión de priorizar el congelamiento de las tarifas de energía por sobre el equilibrio de las cuentas públicas responde a una necesidad puramente electoral: los principales beneficiarios de los subsidios son los usuarios del área metropolitana y, sobre todo, los millones de votantes del conurbano bonaerense, el botín que la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo pretenden asegurar para ganar las próximas elecciones legislativas, claves para su proyecto político.

Así las cosas, Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la agrupación La Cámpora rechazaron toda posibilidad de aumentar las tarifas de luz y de gas más allá del 9% en todo el año; Guzmán pretendía aplicar otra suba más avanzado el segundo semestre para evitar una disparada del gasto público.

Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la agrupación La Cámpora rechazaron toda posibilidad de aumentar las tarifas de luz y de gas más allá del 9%
Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la agrupación La Cámpora rechazaron toda posibilidad de aumentar las tarifas de luz y de gas más allá del 9% Presidencia

Este contrapunto desencadenó en la crisis más seria que debió afrontar el presidente Alberto Fernández desde que asumió su gobierno. La vicepresidenta ganó la primera partida: su hombre en la cartera de Energía, el subsecretario Federico Basualdo, contrario a nuevas subas tarifarias, permanecerá en su cargo por orden del kirchnerismo pese al intento de Guzmán por desalojarlo.

Cabe aclarar que la aplicación de subsidios a la luz y al gas compete principalmente a los usuarios del área metropolitana –el bastión electoral kirchnerista-, no así a los del interior de país. Mientras que en la Capital y en el conurbano los aumentos serán de sólo el 9%, en el interior la mayoría de los gobiernos provinciales ya autorizó incrementos que van desde el 6,5% al 35%.

En un relevamiento al que accedió LA NACION, se puede comprobar que la mayoría de los gobiernos provinciales autorizaron aumentos de tarifas eléctricas en el último año. Este es el caso de Tucumán (35%), Corrientes (30%), Mendoza (27%), San Luis (25%), Río Negro (19,5%), Salta (21,78%), Jujuy (20%), Catamarca (20%), Entre Ríos (15%), Córdoba (8,69%) y San Juan (6,48%).

El economista Rafael Flores, de ASAP, enfatizó que la política de subsidios es “una pésima política económica” y, en coincidencia con Guzmán, advirtió que es una política “que favorece a los más ricos”.

“Los subsidios son malos en términos de distribución geográfica: favorece al AMBA mientras que en el interior del país los aumentos tarifarios son muy superiores. Son malos porque incentivan al consumo: con tarifas tan baratas, el consumidor tiende a gastar sin límite. Son malos, también, porque favorece la salida de dólares, que no tenemos, porque vamos a terminar importando energía –enfatizó-. No hay un solo aspecto que demuestre que los subsidios son positivos en términos económicos; responden a una lógica cortoplacista, porque no hay como financiarlos. Los subsidios hoy aumentan a un ritmo más alto que la inflación, por lo que el Gobierno no tendrá otra alternativa que recurrir a la emisión por falta de inversión genuina. Y esto tendrá impacto en más inflación”.

Flores advirtió que lo que gasta nuestro país para atender el flagelo de la pandemia es la mitad, en términos del PBI, de lo que eroga Brasil por el mismo concepto. Según el informe de la OPC, de los $58.000 pesos que se destina a los gastos Covid-19, $14.148 millones fueron para la adquisición y traslado de vacunas, partida que fue reforzada en $29.215 millones. Una cifra parecida, $14.012 millones, se ejecutó en el programa de Recuperación Productiva II (Repro).

Además, el Estado destinó $10.296 millones al salario complementario (AETP) y otros $8.616 millones al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo.

El diputado radical Alejandro Cacace lamentó este despilfarro que, a su juicio, realiza el Gobierno en materia de subsidios energéticos desande todo el esfuerzo realizado durante la gestión de Mauricio Macri, que había logrado actualizar medianamente el costo de las tarifas tras el congelamiento que, durante muchos años, se había impuesto durante el gobierno de Cristina Kirchner, con las distorsiones que eso implicó en las cuentas públicas.

“Si bien es cierto que los subsidios favorecen a los sectores más vulnerables, lo cierto es que, en términos absolutos, reciben más los sectores más pudientes de la sociedad”, advirtió. “Esta política del Gobierno genera dos problemas: distorsiones en la eficiencia económica, porque los usuarios tienden al sobreconsumo porque las tarifas son baratas y, segundo, inequidad en la distribución, porque los más favorecidos son los usuarios del AMBA en detrimento de las provincias y porque los ricos reciben más beneficios en términos absolutos.”

El diputado de Consenso Federal, el economista Jorge Sarghini sostuvo, por su parte, que en virtud de la crisis originada por la pandemia “no es momento de actualizar tarifas, pero hay que tener un horizonte de salida del problema”. A su juicio, congelarlas sin más al 9%, cuando la inflación es mucho más alta, no es el remedio; por ello insiste en que el Estado debería apurar un plan de segmentación de los subsidios, aunque es consciente que la tarea es compleja.

“El Gobierno debería tener presente la distorsión que genera esta política, promovida por el sector duro la coalición oficialista y el Instituto Patria está generando por una cuestión netamente electoral. El Presidente y su equipo deben avanzar urgente en un plan de salida”, aseveró.

Conocé The Trust Project

Relacionados