Una tesis incorrecta: el Poder Judicial como ”poder contramayoritario”

Cada vez más, comentaristas políticos, periodistas, académicos y funcionarios esgrimen la tesis del Poder Judicial en general, y la Corte Suprema en particular, como “poder contramayoritario”, o “antimayoritario”.

Esta denominación, repetida robóticamente por muchos, viene de un sector universitario norteamericano, y ha tenido singular difusión. En un primer momento, aparece como seductora, precisa, contundente y hasta didáctica. Tiene, además, un mensaje de rescate y sanación: significaría, al parecer, que los jueces deben tutelar a las minorías del proceder de las mayorías.

Sin embargo, la frase “poder contramayoritario” es profundamente incorrecta. Más allá de su ingenio y teatralidad, induce a confusión, distorsiona conceptos y altera la misma arquitectura constitucional. Veamos por qué.

En primer término, porque la palabra “contra” o “anti” significa habitualmente algo programado para destruir o combatir a otro, su infaltable enemigo. Da la idea, asimismo, de una inevitable lucha o confrontación, de tono épico, en la que se triunfa o muere. Y subliminalmente, induce a suponer, a priori, que las minorías siempre tienen razón y las mayorías no.

La cosa no es así. Cabe aclarar que el Poder Judicial, en el esquema constitucional argentino, no tiene enemigos. Tampoco es el “contra” en el paisaje político. Por ejemplo, no se encuentra diseñado para atacar al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Que les fije topes, o que invalide algunas de sus decisiones, a tenor del control de constitucionalidad, es una cosa. Que los deba perseguir, otra. Y que tenga que tutelar en todo momento a las minorías (las “buenas” de este film) frente a las mayorías (las intrínsecamente “malas”), es un invento maniqueísta y antisistémico. Existen hoy ciertas minorías, por ejemplo, especializadas en oficios inconstitucionales y que recurren a la violencia para así hacerlo.

Pongamos las cosas en su lugar: entre los poderes del Estado debe regir no el principio de confrontación, sino los de armonización, coordinación y colaboración (esto ha sido destacado en varias sentencias de la Corte Suprema, como las registradas en su colección de Fallos, 327:46 y 319:2641. Recientemente se recordó el tema en el voto consignado en Fallos, 343:247). Desde luego, el deber de colaboración compromete a todos los poderes del Estado, desde y hacia el judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la NaciónFernando Massobrio – La Nacion

Exige, entre otros gestos, una permanente, mutua y correspondida actitud de prudencia, respeto y cortesía constitucional. Al mismo tiempo, es cierto que “colaboración” no significa pleitesía ni servilismo, y no quita que el Poder Judicial deba tutelar los derechos humanos y amparar eficazmente a las minorías si resultaran abusadas por mayorías legislativas o por, valga el caso, el Poder Ejecutivo. Pero también implica que la judicatura tiene que afianzar las decisiones mayoritarias, cuando resultan acordes con la Constitución, sin que por ello se transforme, sin más, en un poder “antiminoritario”.

En definitiva, como lo señala explícitamente nuestra Corte Suprema en “Thomas” (Fallos, 333:1023, considerando 8º), nuestros jueces no se encuentran convocados para operar como un poder contralegislativo. Tampoco, añadimos, como un poder contrajecutivo. Pero sí deben fiscalizarlos, a ellos y a todo el mundo, a mayorías y minorías, para neutralizar actos u omisiones inconstitucionales. Fundamentalmente, entonces, el judicial no es un poder “contra” ni “anti”, sino proconstitucional.

El autor es profesor en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina

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