¿Se frena la economía? Baja inversión, caída de confianza y falta de acuerdo con el FMI condicionan la recuperación

CÓRDOBA.- Poco crecimiento en el mediano plazo por la “bajísima inversión” y problemas para sostener la actual política monetaria y cambiaria son las proyecciones de los economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea Jorge Vasconcelos, Gustavo Reyes y Juan Manuel Garzón. Advirtieron también que el contexto para proyectar la recuperación de la economía debe incluir la confianza en el Gobierno y del consumidor, que vienen cayendo respecto de un año atrás. Un acuerdo con el FMI es, consideraron, clave en este sentido.

Más de cien empresarios escucharon a los economistas del Ieral en una reunión virtual. Garzón se ocupó de repasar el aporte que el campo hará a la economía. En el primer bimestre, las exportaciones de granos y sus derivados industriales fueron récord con US$5000 millones y una participación de 51,5%.

“Nunca se había alcanzado esta agrodependencia”, dijo Garzón, y proyectó que se podrían alcanzar los US$34.400 millones en el año, con lo que el aporte adicional del agro equivaldría a dos puntos del PBI (US$8000 millones, de los que US$2000 millones quedarían en manos del Estado por la aplicación de retenciones).

Reyes repasó que de los 195 países que monitorea el FMI, 180 tendrán crecimiento; la clave es Estados Unidos, que crecería 6,4%, potenciado por el paquete expansivo fiscal de Joe Biden. La contracara es que hay más expectativas inflacionarias en ese país, lo que podría constituir un “cisne negro” que pone en alerta a la economía internacional, porque la respuesta en general es una suba de tasas por parte de la Reserva Federal.

De la Argentina, advirtió que la reactivación que se venía registrando desde los primeros meses de la flexibilización de la cuarentena empieza a tener una “desaceleración”. Los motores del consumo -salario, préstamos, confianza- no terminan de recuperarse mientras se entra en un trimestre “conflictivo” por las nuevas restricciones dispuestas por la segunda ola de Covid-19.

Evaluó positivamente el frente externo, ya que mejoró la oferta de dólares oficiales y eso permitió al Banco Central recuperar reservas. También el frente fiscal es mejor que un año atrás, mientras que hay un “leve” retraso cambiario (medido contra el índice Big Mac es del 20%).

Reyes cree que, para frenar la inflación, el Gobierno intentará mantener una baja devaluación del dólar, mantendrá el control de precios y el ajuste de tarifas será menos a la inflación
Reyes cree que, para frenar la inflación, el Gobierno intentará mantener una baja devaluación del dólar, mantendrá el control de precios y el ajuste de tarifas será menos a la inflación

Respecto a por qué no baja la inflación con menos emisión monetaria y menor devaluación, Reyes apuntó a que la mayor circulación del dinero juega un rol clave. Pronosticó que para frenarla, el Gobierno intentará mantener una baja devaluación del dólar oficial (la mitad del IPC son bienes vinculados a la balanza comercial), mantendrá el control de precios de bienes de consumo y el ajuste de tarifas seguirá por debajo de la inflación. Si el Gobierno volviera a restringir fuerte la actividad económica por un agravamiento de la crisis sanitaria, paradójicamente podría contribuir a frenar el aumento de precios, analizó el economista.

“Aunque las noticias parecen buenas, los mercados internacionales no lo ven así –continuó-. Inciden las discusiones internas del Gobierno sobre qué hacer con las tarifas, dudas por una política monetaria difícil de sostener en el tiempo y en la duración de la mejora de las cuentas externas, y en la política cambiaria. Con bajísimos niveles de inversión, el crecimiento será muy bajo cuando se consuma la capacidad ociosa” de la economía para producir.

El análisis de cuánto más puede extenderse el cepo cambiario y su impacto en la economía fue el tema de Jorge Vasconcelos, quien enfatizó que la experiencia del cepo anterior (2012-2015) no es trasladable a hoy porque las condiciones de reservas y déficit fiscal son “muy diferentes”.

“Si van a aparecer problemas, serán primero en el plano monetario”, alertó Vasconcelos, y apuntó que los pasivos remunerados del Banco Central generan intereses por $95.000 millones mensuales, equivalentes a 3,8% mensual de la base monetaria, “lo que le pone un piso muy alto a la inflación”.

Recordó que el presidente Alberto Fernández, respecto del cepo anterior, dijo que era como una piedra en la puerta giratoria, que no deja salir los capitales, pero, por la misma razón, éstos tampoco entran. “Debería asumirse, entonces, que el actual cepo sólo podría ser un instrumento transitorio”, agregó. Repasó que Islandia mantuvo un cepo por una década desde 2008 y tuvo como víctima la inversión (fue de alrededor de 15% del PBI), pero creció de la mano de la explosión del turismo extranjero a partir de 2010, cuando entró en erupción un volcán.

Sin embargo, aclaró, “la Argentina no se parece a Islandia, es una economía más cerrada, con trabas al comercio exterior que se suman al control de capitales, y aumentan los costos de la inversión”, sintetizó, y reiteró que si se analiza el cepo como transitorio, lo primero que se debe hacer es que la política fiscal y la cambiaria “converjan” y, además, transformar la “flotación sucia” en los mercados libres del dólar en un instrumento formal de intervención y precisar las operaciones a intervenir. Además, para mantener el cepo no se puede “encerrar la economía” trabando el comercio exterior.

Ayer el Ieral difundió un estudio en el que advierte que el Estado “resulta un peso que los contribuyentes ya no pueden sostener”. El documento señala que, luego de bajar del 33,8% al 30,9% del PBI entre 2015 y 2019, la presión tributaria subió a 32,4% en 2020 y apunta a 33,1% este año, retomando una tendencia alcista que había exhibido entre 2002 y 2015, cuando pasó del 19,3% al 33,8% del PBI (cerca de 15 puntos porcentuales de suba en 13 años).

Los datos dejan a la Argentina con uno de los mayores pesos del Estado en la economía en América latina, superado en el mundo por algunos países europeos, aunque con una diferencia notable en la calidad y eficiencia de los servicios públicos. “La Argentina, a pesar de gastar en el sector público 17 puntos extras del PBI en las últimas dos décadas, no exhibe una mejora notoria en algunas variables claves sobre las que el Estado debería influir, como educación, seguridad o tasa de pobreza”, describe.

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