El presidente Alberto Fernández es un apasionado del rock nacional. Seguramente le gustará el tema de Marilina Ross “Soles”, cuyo estribillo resuena para varias generaciones con su “aunque no lo veamos, el sol siempre está.”
Si la canción se escribiera hoy, quizás diría que, “aunque no lo queramos, el FMI siempre nos supervisará”. Usar la palabra “siempre” quizás sea una exageración, pero hablar de los próximos 20 años, no. El tamaño del endeudamiento en el que el gobierno de Mauricio Macri incurrió con ese organismo, de casi US$46.000 millones, hace imposible repagarle por nuestros propios medios, como bien mencionó recientemente la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Al igual que hizo Grecia, que también tiene un elevado endeudamiento con el Fondo, debemos negociar un programa de largo plazo, que posponga los pagos por unos años. A cambio de posponer sus acreencias, el organismo seguramente nos pedirá implementar algunas reformas, cuyo cumplimiento luego supervisará. Esto es de sentido común. Si le debiéramos mucha plata a un amigo y le dijéramos que no podemos pagarle, probablemente se siente a pedirnos que hagamos algunos cambios en nuestros hábitos para mejorar nuestra capacidad de pago. Ponernos a trabajar más y no despilfarrar plata en salidas con nuestros amigos serían parte de la lista. En términos macro, las exigencias son las mismas pero con otro nombre: se llaman convergencia fiscal y reformas estructurales. No quiero usar la palabra ajuste para no herir almas sensibles.
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La inteligencia kirchnerista parece estar empeñada, sin embargo, en querer tapar el sol con la mano. Busca postergar la negociación con el FMI hasta después de las elecciones. Está siguiendo, al final de cuentas, el guión que siguen todos los gobiernos populistas de la región: el FMI es un miembro conspicuo de la larga lista de organismos internacionales y países enemigos del pueblo. Negociar con ellos es claudicar soberanía. No vamos a renunciar a nuestros principios. Al menos, hasta las elecciones.
Abro un paréntesis para hacer una analogía con la vida cotidiana. Todos aquellos que tienen hijos saben que durante muchos años uno les dice cosas como: “lavate los dientes”, “mirá al cruzar la calle”, “levantá tu plato de la mesa”, etcétera, etcétera, y que dichos pedidos parecen caer en saco roto. Mi señora, que además de ser economista y MBA se dedicó a estudiar Orientación Familiar, siempre me repetía: vos seguí diciéndoles todo, que algún día hacen el “clic”. Un día se dan cuenta de que lo tienen que hacer por ellos, no por vos (por suerte, ya llegamos a esa etapa en nuestro hogar…).
Lo que quiero decir es que, más allá de la supervisión que nos hará el FMI más temprano o más tarde, es hora de que nos demos cuenta de que tenemos que hacer importantes reformas para empezar a crecer y bajar la inflación y la pobreza. Es por nosotros, no por la deuda que tenemos con ellos. Estamos estancados hace más de una década, la pobreza afecta a más de 40% de la población y la inflación terminará el año por encima de 40%. El reconocido historiador económico David Landes, citando en parte a otro historiador, Bernard Lewis, escribió que “cuando la gente se da cuenta de que las cosas van mal, hay dos preguntas que se pueden hacer. Una es: ¿Qué hicimos mal? Y la otra es : ¿Quién nos hizo esto? La última lleva a teorías conspirativas y a paranoia. La primera pregunta lleva a otra línea de pensamiento: ¿Cómo corregimos esto?. En la segunda mitad del siglo 20, América Latina eligió las teorías conspirativas y la paranoia.” La Argentina sigue estancada en este pensamiento también en el siglo 21.
En el Gobierno, el único que parece haberse dado cuenta de algo de esto es el ministro de Economía, Martín Guzmán. Los primeros dos meses de 2021 muestran un esbozo de convergencia fiscal. El resultado antes del pago de intereses de la deuda en el dato acumulado de enero y febrero fue un superávit de $5300 millones, comparado con un déficit de$ 30.900 millones del mismo período de 2020, antes de la pandemia. Esta mejora es consecuencia tanto de la variación de los salarios públicos y las jubilaciones por debajo de la inflación (no quiero usar la palabra que empieza con “a”), como de un fenomenal aumento de la recaudación impositiva, que creció un 56% en los dos primeros meses del año y un 72% interanual en marzo.
La suba de la recaudación se debe en gran parte a causas que pondrían colorado hasta al ultraortodoxo ministro de Hacienda de Brasil, Paulo Guedes. En una conferencia, él dijo esta semana que “es impropio y poco inteligente aumentar impuestos durante una recesión”. En la Argentina, entre el gobierno nacional y las provincias, incluyendo el incremento de alícuotas y los tributos nuevos (como el PAIS y el gravamen a la riqueza) subieron al menos 15 impuestos desde diciembre de 2019. “A mi izquierda está la pared”, dijo una vez Cristina Kirchner; su gobierno está, en materia tributaria, a la derecha del de Jair Bolsonaro.
Guzmán enfrenta tres desafíos para continuar con la consolidación fiscal. El primero es la pandemia. Guedes dijo también días atrás que “la política fiscal más importante en este momento es la vacunación”. La Argentina, ahora, casi no tiene vacunas. Lo cual implica que, por la fuerza de la ley o de los hechos sanitarios, la economía se resentirá. Una economía golpeada impacta en la recaudación de impuestos. También quizás deban reactivarse los programas de apoyo a familias y empresas, como el IFE y el ATP.
El segundo desafío es el de las tarifas. “Si aumentan las tarifas solamente un dígito para todo el mundo, ahí no se estaría cumpliendo el presupuesto y no se estaría cumpliendo el programa macroeconómico”, dijo Guzmán recientemente. Pero Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, dijo en una entrevista para EconoJournal, el miércoles último, que “las tarifas de Edenor y Edesur pueden subir un 7% o un 9% o, directamente, pueden no aumentar”. En la página web del Ministerio de Economía dice que el subsecretario de Energía Eléctrica reporta al secretario de Energía, cuyo jefe es el ministro de Economía. Debe estar desactualizada.
El tercer desafío es el de las elecciones, que darán lugar a presiones para aumentar el gasto público. Ya lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hace pocos días: “Hay que frenar la inflación y poner pesos en la calle.” Hay tanta contradicción en una sola frase que no sé por dónde empezar. Pero Massa, a pesar de estar equivocado, tiene razón. Su frase refleja tanto las preocupaciones del Gobierno como su accionar.
No solo el nivel de actividad preocupa a la coalición oficialista de cara a las elecciones de octubre, o cuando sea que nos sometan a las urnas. Otra inquietud es la inflación, que continúa en niveles cercanos al 4% mensual. Como comenté en columnas anteriores, la política antiinflacionaria del Gobierno, si así podemos llamarla, se basa en instrumentos inadecuados como el control de precios. Pero, subrepticiamente, los números monetarios también muestran que el Banco Central está sacando pesos de la calle. Que no se entere Massa. La cantidad de dinero en poder del público, que se expandía a una tasa interanual de alrededor del 80% entre junio y noviembre de 2020, hoy lo hace al 53%.
Dos factores contribuyen a esta desaceleración. El primero es la mejora fiscal. En el primer trimestre de 2020, el Banco Central le transfirió $312.000 millones al Gobierno para financiar el déficit fiscal, comparado con una cifra de $135.000 millones del primer trimestre de 2021. Este año, todo el financiamiento fue en marzo, mes en el cual el Gobierno parecería haber empezado a “poner pesos en la calle”.
El segundo factor es el gran aumento de las Leliq (y unos instrumentos llamados pases pasivos), que emite el Banco Central para retirar pesos de la calle. Estas llegaron a $3,33 billones a fines de marzo, $489.000 millones más que a fines de 2020 y $2,24 billones más que el 10 de diciembre de 2019.
Es decir, el Gobierno pone pesos en la calle y el Banco Central los saca para evitar que suba la inflación. Massismo puro. Los intereses que el Central pagará por ellas este año quizás superen $1,2 billones, el equivalente a 3% del PBI. Al final, entendimos al revés la consigna de campaña: los jubilados van a pagar las Leliq con el ajuste (¡lo dije!) de sus prestaciones.
Este esbozo de consolidación fiscal y monetaria luce así bastante precario. Elecciones, tarifas y pandemia lo acechan. Más allá de que nos supervise o no el FMI, la necesidad de tener cuentas fiscales y monetarias ordenadas siempre estará, porque de lo contrario sobrevendrá una nueva crisis cambiaria e inflacionaria. Pero la mayor parte del oficialismo prefiere tapar esa realidad con la mano.
