Patear todo para adelante, pero con viento en contra

Hasta ahora había un consenso bastante generalizado en que la política económica quedó subordinada a las necesidades electorales del oficialismo y consiste básicamente en patear para después de las elecciones los desajustes y problemas de arrastre, anestesiar el dólar y las tarifas, insistir con ineficaces controles de precios y activar estímulos selectivos al consumo. Todo acompañado por un relato triunfalista sobre el rebote del PBI (producto bruto interno) que, si bien en este trimestre podría registrar subas interanuales de dos dígitos en comparación con el peor tramo de la cuarentena, cerraría 2021 con una recuperación de algo más de dos tercios del terreno perdido en el primer año de la pandemia.

Pero esta táctica de corto plazo, favorecida por la mejora en los precios internacionales de los granos en el arranque de la temporada alta de liquidación de divisas, pasó a ser amenazada por el viento en contra de la previsible segunda ola de contagios de Covid. Tras la pausa del verano, el nuevo escenario no sólo combina la insuficiencia de vacunas, el costoso take away para traerlas, la politizada forma de distribuirlas o aplicarlas y la irresponsabilidad de una parte de la sociedad, reacia a usar barbijos o mantener distancia social como forma elemental de cuidado. También abre más interrogantes sobre el futuro inmediato de una economía ya jaqueada por la aceleración inflacionaria, el aumento de la pobreza, la ausencia de inversión y la creciente desconfianza del sector privado ante las anacrónicas medidas impulsadas por el Gobierno a instancias del ala cristinista del Frente de Todos.

El rápido empinamiento de la curva de contagios de las últimas dos semanas –especialmente en el conurbano bonaerense y en la CABA–, encuentra a Alberto Fernández con un ojo puesto en las encuestas y el otro en la disyuntiva sanitaria-económica.

Por un lado, enfrenta la necesidad de sostener el heterogéneo repunte de la actividad económica para evitar que la pandemia vuelva a afectar masivamente –como en 2020–, los ingresos de los trabajadores informales, el empleo y la recaudación impositiva. De ahí los controles cosméticos para no alterar el movimiento turístico de Semana Santa y los anuncios oficiales para descartar tanto cierres de escuelas o interrupción de clases presenciales como una cuarentena similar a la dispuesta hace un año que, al menos en los papeles, se extendió casi nueve meses en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Por otro, la urgencia de frenar los contagios sin un ritmo de vacunación adecuado para cubrir la masa crítica de población con más riesgos (unos 18 millones de personas) en los próximos dos o tres meses, no solo amenaza con deteriorar aún más la imagen del Gobierno, sino el frente fiscal. De la llegada o no de más vacunas dependerá la necesidad de asistencia estatal a los sectores que fueron los últimos en reanudar limitadamente su actividad (turismo, gastronomía, hotelería, shoppings, gimnasios, cines y teatros) o aún están lejos de hacerlo (recitales, espectáculos deportivos). Esto supondría gastos extras no incluidos en el presupuesto 2021 (ATP, IFE), cuyo recorte es la principal fuente de reducción del déficit, financiado en un 50% con emisión monetaria. Hasta ahora sólo subsiste el subsidio salarial del Repro II para los sectores críticos, que acaba de ser extendido al segundo trimestre.

La reunión de Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, prevista para hoy en Olivos, busca reeditar la necesaria coordinación en el AMBA, ya que el conurbano bonaerense y la CABA concentran el 60% de los casos. Como las nuevas cepas del virus parecen ser más contagiosas y menos letales, requieren focalizar testeos, seguimiento y vacunación para evitar su propagación; sobre todo, cuando el transporte público sigue siendo un talón de Aquiles. Pero, a diferencia de un año atrás, la relación entre ambos quedó dañada tras la intempestiva quita de fondos coparticipables a la CABA para derivarlos a un plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires del que Axel Kicillof no rindió cuentas. Y luego empeoró con la ofensiva discursiva y judicial contra Mauricio Macri. No será fácil un acuerdo para repartir ahora el costo político de hacer cumplir o añadir restricciones, tras los cruces de estos días por las vacunas con la oposición y la intención oficial de involucrarla para postergar por un mes el proceso electoral por razones sanitarias, que significa comprar tiempo.

Aun así, oficialismo y oposición coincidieron en Diputados para darle media sanción –casi por unanimidad– a la eximición del impuesto a las Ganancias a los sueldos y jubilaciones netas de hasta $124.500 pesos mensuales, que el Senado convertirá en ley la semana entrante. Sin incluir a los autónomos, es una forma de dejar este año exentos del impuesto a los votantes independientes de clase media que, por lo general, son los que definen cada elección. Para 1.267.000 asalariados formales del sector privado y público (más 200.000 jubilados), será una mejora de ingresos complementaria de las paritarias y, además, percibirán retroactivamente los anticipos descontados desde enero que podrán volcar al consumo y totalizan $10.000 millones, según el tributarista César Litvin.

Sin embargo, esta ley selectiva no deja de ser un contrasentido cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) acaba de confirmar que a fin de 2020 la pobreza trepó a 42% a nivel nacional (51% en el Gran Buenos Aires) y alcanza a 19 millones de personas, de las cuales 4 millones están bajo la línea de indigencia. En este universo, el segmento de trabajadores informales y cuentapropistas –donde la pandemia produjo la mayor caída de empleo e ingresos– es el más castigado por tres años de alta inflación y recesión, dentro de una década de estancamiento. Frente a esta realidad, los eximidos de pagar Ganancias en 2021 representan sólo el 16% del total de ocupados y jubilados, con un costo fiscal de $45.000 millones.

Para bajar la pobreza, que en los últimos 20 años tiene pisos más altos después de cada crisis económica, el camino pasa por reducir consistentemente la inflación y promover mayor inversión privada para crear empleos formales. Pero en este caso también sopla viento en contra por el aumento de la presión tributaria. Las empresas, que deben pagar 28% de aportes patronales sobre la nómina salarial, ya dan por descontado que la próxima reforma de Ganancias elevará las alícuotas hasta 39,5% (en el caso de sociedades que distribuyen dividendos), sin que se incluya el ajuste por inflación de los balances. A la vez, el último consenso fiscal con los gobernadores permitió la suba de Ingresos Brutos, que impacta directamente sobre los precios.

La aceleración de la inflación no sólo ubicará el índice de precios de marzo por encima de 4%, para cerrar el primer trimestre con una suba acumulada de 12% que torna cada vez menos factible la pauta oficial 29%. También demuestra la inutilidad del régimen de precios máximos, que acaba de ser prorrogado por 45 días sin ajustes, pero manteniendo para las empresas incluidas la obligación de producir al máximo de su capacidad, lo cual las coloca en infracción en caso de menor demanda o pérdida de rentabilidad. A esto se suman la exigencia de presentar planillas con la evolución de sus costos (Sipre) y las restricciones caso por caso para importar insumos (SIMI). Curiosamente, las dos letras iniciales de esas siglas significan, en la práctica, NO autorizar ajustes de precios ni importaciones que superen los bajos niveles de 2020. Por si fuera poco, la secretaria de Comercio, Paula Español, suele escudarse en la ley de Abastecimiento sancionada el mismo año en que nació (1975). Difícil generar confianza para invertir en estas condiciones.

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