El costo de la pandemia se desplaza cada vez más hacia el sector privado

Lentamente, y siempre manteniendo como central el rol del Estado para asignar recursos, el costo de la pandemia empieza a desplazarse cada vez más sobre el sector privado.

Las empresas no contarán este año con los mismos beneficios estatales para solventar salarios, impuestos o tarifas en un contexto en el que la economía muestra una lenta y heterogénea recuperación. Sin embargo, sufrirán una mayor presión fiscal, seguirán teniendo limitaciones para subir precios y estarán obligadas producir con baja rentabilidad. Al mismo tiempo, se harán cargo de gastos logísticos y de personal vinculados aún con los casos de coronavirus en la Argentina.

Tal como advirtió a mediados de septiembre Martín Guzmán, el presupuesto 2021 no incorporó el gasto covid, pese a que se guardó cierta flexibilidad en caso de una nueva ola, algo que asoma probable por la dificultosa llegada de vacunas a la Argentina. La idea de Guzmán para este año, plasmada en el presupuesto, es recorrer “el estrecho corredor” entre una reducción del déficit fiscal primario y una la expansión del gasto para apuntalar la demanda y el consumo. La clave del razonamiento se basa en la mejora de la actividad (más ingresos tributarios) y un alza de la presión fiscal.

En 2020, tras las cuarentenas impuestas a fines de marzo, el equipo económico debió aportar 4,5% del producto bruto interno (PBI), cerca de $1,2 billones, entre gastos focalizados en mantener a las empresas y los trabajadores y la resignación de recaudación por la caída de actividad. Si bien se financió en el mercado local en pesos, la mayor parte salió de emisión del Banco Central (BCRA). La impresión de billetes volcados al sistema superó el año pasado los dos billones de pesos.

Más precisamente, la política tributaria -la baja de contribuciones patronales del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otros- costó un 0,7% del PBI, que sumado a otros gastos alcanzó un aporte de 3,5% del producto. A eso se le agregó un 0,3% del PBI en préstamos a provincias a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

De ese gasto estatal todo se reconvirtió en el Programa de Recuperación Productiva (Repro) II, que aporta una suma mensual a los trabajadores de las empresas que tienen problemas. Actualmente, según fuentes oficiales, los empleados que lo reciben llegan a unos 300.000.

El Estado desarmó así las herramientas directas para sostener la liquidez de las empresas. Sin embargo, busca ampliar su propia liquidez a través de las cajas de las compañías privadas con más impuestos, mientas intenta controlar a la vez precios, abastecimiento y la crisis del mercado laboral a mediante regulaciones. Fuentes del sector privado creen que ese aumento de costos (al que se suma el cocktail de la logística vinculada a la pandemia pagada por las mismas firmas) será un boomerang para el Gobierno, ya que terminará en la góndola durante un año electoral.

La novedad llegó el último viernes. Además del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, el Ministerio de Economía envió un proyecto para modificar el gravamen de ganancias a las sociedades, con el que espera recaudar $120.000 millones extra entre 2020 y 2021.“>espera recaudar $120.000 millones extra entre 2020 y 2021. Ese impuesto se suma a una larga lista de gravámenes que mostró alzas, entre ellos Ingresos Brutos, Bienes Personales, Retenciones, Sellos y Riqueza, entre otros más específicos por sector.

“Es una locura. La ayuda del Gobierno fue importante. Ahora tenemos un aumento de los costos, todo va sobre las espaldas del sector privado y eso se va a ir a precios”, afirmó a LA NACION Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

“La idea es que el Estado moviliza a la economía”, dice Miguel Blanco, director de Swiss Medical y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial. “Le sacan al sector privado para gestionar más fondos de manera ineficiente en lugar de promover más inversiones y nuevo empleo”, cuestionó.

La semana pasada se sumó otro dato. El decreto 168/2021, que prorrogó el aislamiento y el distanciamiento social, amplió “a los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo la potestad de fijar precios máximos y de adoptar las medidas necesarias para prevenir el desabastecimiento de todos los insumos que sean considerados críticos”, estimaron en Presidencia.

Pese a haber afectado la rentabilidad de las empresas -el propio Ministerio de Desarrollo Productivo admitió que los costos de los insumos fueron superiores a las alzas de los productos finales- los controles de precios no frenaron la inflación. Con datos del Indec, en ese ministerio estimaron que los aumentos de los bienes “en góndola” fue de 23%, pese a que las autorizaciones de Comercio Interior fueron menores. Los alimentos frescos subieron más de 50%.

Con esos problemas de rentabilidad, admitidos oficialmente, los decretos oficiales obligan a las empresas a producir al 100% con la amenaza de aplicar la ley de abastecimiento (que fue ampliada dos veces por el Gobierno). La semana pasada, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, imputó a 20 empresas del sector de la construcción. Semanas atrás habían sido las alimenticias.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo extendió hasta el 31 de diciembre la doble indemnización -con un tope de $500.000- y la prohibición de despidos, hasta el 25 de abril próximo. En una encuesta entre 777 empresas de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 69% alertó que estas medidas frenan la contratación de nuevos trabajadores en momentos de recuperación del sector.

Las manufacturas tienen otros costos asociados al Covid, según esa encuesta. En la UIA señalaron que un 12,5% (en promedio) de los trabajadores está licenciado por casos confirmados o contactos estrechos de Covid. A esos se suman los trabajadores que tienen más de 60 años. El 51% de las empresas consultadas afirmaron, además, que se hacen cargo de los test para detectar el virus.

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