La alta inflación eclipsa el rebote de la economía

La inflación “multicausal” hizo sentir nuevamente sus efectos con la suba de 3,6% en el índice minorista de febrero que, si bien marca una leve desaceleración respecto de los dos meses previos (4% mensual), corrobora que la Argentina sigue padeciendo cada mes el aumento que casi todos los países de la región –excepto Venezuela– acumulan a lo largo de todo un año.

En marzo las perspectivas son tanto o más complicadas. El IPC registrará las alzas en cigarrillos (11%); prepagas (3,5%); educación privada (20/30% promedio) y el cambio de temporada en ropa y calzado, el rubro cuyos precios más se incrementaron en 2020 (59,3%) aunque no precisamente por un boom de ventas, sino por el cierre de comercios y shoppings extendido tras la cuarentena. Paralelamente, la CABA aportará subas en subtes y taxis (43%/44% en dos tramos); VTV (45%) y estacionamiento medido (100%), más el impacto impositivo extra de Ingresos Brutos (2%) en los servicios de Netflix y Spotify, que también rige en la provincia de Buenos Aires.

Por lo pronto, el Gobierno se vio obligado a recurrir a varios malabarismos, como postergar hasta el martes el nuevo aumento de 6/7% en las naftas y gasoil destinado a mejorar la caja de YPF, a fin de repartir entre marzo y abril su impacto sobre los precios (aunque su ponderación directa en el IPC es de apenas 2,6%), al igual que fraccionar el ajuste indexado del impuesto a los combustibles líquidos, que implicará en los surtidores una suba adicional de 1,5% en abril y mayo. También dejó trascender que el mes próximo no aplicará el descongelamiento –aún sin definición- de las tarifas de gas y electricidad, porque los entes reguladores intervenidos (Enargas y ENRE) “no llegarán a tiempo” para armar los nuevos cuadros tarifarios luego de las audiencias públicas no vinculantes que se realizarán la semana entrante y a fin de marzo. En otras palabras, afortunadamente no se manipulan los índices inflacionarios (como en las épocas de Guillermo Moreno), pero sí algunos de sus componentes con mayor incidencia directa o indirecta. Lo mismo ocurre con el “deslistado” parcial de los precios máximos de 2300 productos de consumo masivo, que quedó en un limbo tras haber sido prorrogado hasta fin de mes, en medio de controles y denuncias oficiales por desabastecimiento.

Este manejo intervencionista (sector por sector, empresa por empresa o caso por caso) demostró su ineficacia en los últimos meses, ya que sólo sirvió para acentuar la disparidad de precios relativos y acelerar la inflación.

Una prueba es que el IPC núcleo (sin precios regulados ni estacionales) trepó 8,1% en el primer bimestre y acumuló 43,7% en los últimos 12 meses, frente al 21% de los regulados y 64,4% de los estacionales. También perjudicó a los sectores de menores ingresos que no suelen comprar en los supermercados, que a su vez pasaron ahora a limitar sus habituales descuentos por cantidad a los stocks de productos con menor venta. Otra, más puntual, fue un informe emitido por Telefé sobre los trágicos cruces del río Bermejo entre Salta y Bolivia de “bagayeros” que buscan aprovechar diferencias. Uno de ellos reveló que su negocio es comprar en la Argentina cerveza a $120 el litro (que cuesta el equivalente de $ 300 en el país vecino) y textiles bolivianos tres veces más baratos para vender de este lado de la frontera.

El comportamiento de la inflación en el arranque de 2021 crea un problema político, ya que coloca una vara más alta a la estrategia electoral del oficialismo de extender acuerdos de precios y salarios para alinear las expectativas a la pauta de 29% anual incluida en el Presupuesto 2021. Según la consultora Ecolatina, el IPC cerraría el primer trimestre con una suba superior a 11%; y, para alcanzar el objetivo de 29%, el promedio entre abril y diciembre debería bajar a 1,7% mensual (similar al nivel de marzo-abril de 2020).

Este tipo de acuerdos suele ser un complemento de los planes macroeconómicos para bajar la inflación, pero no un sustituto. A falta de un programa coordinado, la actual política busca frenarla, al menos hasta las elecciones de octubre, a través de “anclas múltiples” (tipo de cambio, tarifas, precios, salarios y restricción de importaciones).

En un informe titulado “Quebrar la inflación de 4 % mensual, cueste lo que cueste”, el economista Jorge Vasconcelos (del IERAL) señala como componentes la desaceleración del ritmo de devaluación del peso, que de 3,7% en enero pasó a 2,9% febrero, quizás baje a 2,5% en marzo y menos en los meses subsiguientes. También la nula emisión monetaria del Banco Central destinada al Tesoro en el primer bimestre (que acaba de interrumpirse en marzo) y la emisión del BCRA para pagar los intereses de sus propios pasivos (Leliq y pases) que, si bien es un taxi que no se detiene, en parte es compensada por la colocación de más deuda entre los bancos y en parte por la venta de títulos en los mercados libres del dólar, que inauguró una “flotación sucia” para llevar la brecha cambiaria al 50 %, una variable clave para alinear expectativas, a costa de elevar el riesgo país y sacrificar una recuperación más rápida de las reservas.

“Las expectativas son relevantes y, mientras más demore la inflación en converger a la pauta cambiaria (25% anual), mayor será el riesgo de un salto devaluatorio después de octubre. Los mercados se ocuparán de advertirlo antes de esa fecha. La incertidumbre, no hace falta subrayarlo, desalienta decisiones de inversión y empleo en el sector privado, justo cuando más se necesitan” –añade-, por más que pueda recuperarse parcialmente el consumo.

Para las necesidades electorales del oficialismo, el comportamiento de los precios se siente “en la calle” mucho más que el heterogéneo rebote de la actividad económica tras el desplome de 2020 (10% de caída del PBI). Si bien el presupuesto prevé una recuperación equivalente a la mitad (5%), el economista Miguel Ángel Broda calcula que podría llegar a 7,2%. Pero advierte que 4,9% corresponde al arrastre estadístico del último trimestre de 2020. O sea que, aún sin repunte, el PBI registraría una suba de casi 5%. Poco que ver con que la recuperación se está convirtiendo “en una tendencia de crecimiento”, como afirmó José Ignacio de Mendiguren, actual titular del BICE, al señalar que desde esa entidad financiera oficial se empieza a ver “una reacción y propensión a la inversión” por parte de las empresas. Sobre todo, cuando deben tramitar caso por caso sus necesidades anuales de importación (SIMI), con autorizaciones fraccionadas mensualmente y licencias no automáticas que suelen extenderse sin fecha.

Aun así, el Gobierno busca apuntalar la inversión en sectores que pueden aumentar exportaciones o sustituir importaciones, como la cadena automotriz, agroindustria e hidrocarburos, a cambio de reducir retenciones o asegurar precios.

Otro caso específico, pero menos coordinado, es la ley promulgada ayer para el blanqueo de dólares y pesos no declarados que se destinen a la construcción de viviendas o la terminación de obras con menos de 50% de avance, con exenciones fiscales y un impuesto de 5% para los primeros 60 días, que irá subiendo a 10% y 20% en los dos meses subsiguientes. Si bien puede reactivar el sector, choca contra la ley de alquileres sancionada en 2020, pese a la cual subieron mucho más que la inflación (45/60%) y la oferta se contrajo en 40%, ya que muchos propietarios retiraron departamentos del mercado por no saber si podrían cobrar y también los edificios en construcción perdieron interesados.

Sin embargo, en todos los casos, las perspectivas de recuperación económica están supeditadas a un ritmo de vacunación contra el Covid que aleje el fantasma de una segunda ola de contagios con la llegada de los primeros fríos. Según Fausto Spotorno (economista jefe de la consultora OJF), se necesitarían 31 millones de dosis, cuando hasta ahora la cifra no llega a 5 millones y, al ritmo actual, se llegaría al invierno con 10 millones.

[email protected]” class=”com-link” data-reactroot=””>[email protected]

Más información

Relacionados