Luego de los pedidos de tributaristas y contadores, y ante la crítica de los contribuyentes del impuesto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceptó finalmente otorgar facilidades de pago a quienes deban hacer frente al llamado Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como impuesto a la riqueza, impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso.
El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont informó oficialmente esta noche a través de un comunicado que las personas alcanzadas por el “impuesto a la riqueza” podrán optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco pagos mensuales y consecutivos.
“La tasa de financiación para los contribuyentes que opten por esta vía será la correspondiente a la de los intereses resarcitorios del organismo”, indicó la AFIP, que agregó que la normativa, que será publicada en el Boletín Oficial, “busca contribuir al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes”.
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El organismo estimó que para adherir al régimen de facilidades de pago “es requisito concretar el anticipo del 20% de la deuda consolidada” y además aclaró que las cinco cuotas restantes se abonarán el 16 de cada mes a partir del mes siguiente de concretado el pago inicial. El plazo para presentar la declaración jurada de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario es el 30 de marzo. “La solicitud de adhesión al régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en la normativa”, señaló la AFIP.
El impuesto alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones. La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la ley, es decir, el 18 de diciembre pasado.
Los fondos recaudados por el impuesto a la riqueza serán usados, según propuso el Gobierno, “para enfrentar la pandemia”. Son cinco las asignaciones especificadas: un 20% de la recaudación será para la compra y elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; otro 20% se destinará a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.
Un porcentaje idéntico será para el programa integral de becas Progresar, “para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y académica”. Otro 15% se asignará para el Fondo de Integración Socio Urbana, “enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares”, y un 25% será para programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
LA NACION
