Buscan bajar la conflictividad callejera con un registro de piqueteros

Con la informalidad laboral en alza, el Gobierno dará el miércoles un paso importante para crear un registro de las asociaciones de trabajadores de la economía popular. La iniciativa, impulsada por los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), busca reconocer la influencia de estos actores en la economía doméstica y brindarles una instancia de negociación para resolver sus demandas. También apunta a reducir la conflictividad en las calles, ya que estas agrupaciones reúnen a sectores piqueteros cuya metodología de protesta siguen siendo los cortes y bloqueos.

Con esta medida, los movimientos sociales ganan cada vez más espacios en la negociación con el Gobierno, empresarios y gremios. El año pasado, por ejemplo, Esteban Castro, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), participó por primera vez del Consejo del Salario, que definió el salario mínimo vital y móvil, cuyo monto sirve de referencia para el sueldo complementario. Lo que hará mañana Moroni, en definitiva, será reconocer bajo las reglas oficiales a los trabajadores de la economía popular. Así como a los sindicatos se les otorga la personería gremial, a los movimientos se les dará la “personería social”, según indicaron a LA NACION desde la cartera laboral.

El Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica tendrá como propósito brindarles un “marco jurídico a nuevos sujetos que actúen como interlocutores que ejerzan su representación y que permitan canalizar en un ámbito de legalidad, las peticiones y las iniciativas para el desarrollo”, según publicó hoy Ámbito Financiero. Se precisa, además, que la formalización apunta a “preservar la paz social”.

Organizados como nunca, los movimientos sociales son hoy un factor de poder tan gravitante como el sindicalismo que anida bajo las siglas de las dos centrales obreras que existen en el país. De hecho, una fugaz alianza con la CGT, que reúne a los sindicatos más poderosos vinculados al peronismo, les sirvió en noviembre de 2016 para empujar en el Congreso la sanción de la ley de emergencia social, que dio origen al salario social complementario, un auxilio adicional para trabajadores informales que es hoy de 10.800 pesos. La ley de emergencia social destina desde 2018 (y por tres años) 25.000 millones de pesos para promover los derechos de los trabajadores de la economía popular y habilita la posibilidad de disponer de 5000 millones extra.

“El gremio más grande del país”

A partir de esta nueva conquista las organizaciones sociales presionan para ser incluidos y reconocidos en la CGT. “El trabajo generado desde las organizaciones populares tiene que ser visualizado y hay que darle más derechos. La economía se tiene que encender desde abajo”, señaló Castro, de la UTEP, a FM La Patriada. Y añadió, a modo de desafío para los popes sindicales: “Al ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo están reconociendo que somos trabajadores y trabajadoras. En proyección puede ser el gremio más grande del país”.

En 2016, cuando se avanzó con la ley de emergencia social, mucho tuvo que ver la influencia del papa Francisco, un impulsor de esta alianza entre los gremios y los movimientos sociales. Un año después, Francisco le dijo a la cúpula de la CGT, en una de las visitas a Roma: “Se necesita invertir en una solidaridad que trascienda las murallas de sus asociaciones, que proteja los derechos de los trabajadores, pero sobre todo de aquellos cuyos derechos ni siquiera son reconocidos. Sindicato es una palabra bella que proviene del griego dikein (hacer justicia) y syn (juntos). Por favor, hagan justicia juntos, pero en solidaridad con todos los marginados”.

Según fuentes gremiales, de la Iglesia y de las organizaciones sociales, Francisco también fue determinante en este proceso de reconocimiento que se oficializará mañana.

LA NACION