Tal vez como reflejo de que uno de los principales problemas que tiene la Argentina es el económico, el Congreso de la Nación inició el día 1° de este mes de marzo un nuevo período ordinario de sesiones y ya tiene en espera, y con prioridad para ser tratados, varios proyectos de ley vinculados con la economía. En el listado hay temas que van desde la promoción y el fomento de algunas industrias –como la automotriz, la de cannabis medicinal, la agroindustrial o la de hidrocarburos–, hasta cambios en el impuesto a las ganancias para personas físicas y para empresas, modificaciones en el monotributo y una ley de etiquetado frontal de alimentos.

Las prioridades legislativas en materia económica, no obstante, fueron fijadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del lunes pasado, y también a través de los cuatro decretos presidenciales dictados durante el verano, en los que les pidió a los diputados y senadores que se ocuparan del debate de algunos proyectos que considera claves para la gestión de muchos de sus ministros. A esas iniciativas se suman otras que tuvieron origen en el propio Congreso y que ya tiene algún tipo de avance.

En su discurso, el Presidente anunció que durante el año enviará al Congreso proyectos de ley que buscarán “dinamizar la estructura de crecimiento” para abordar los “nuevos desafíos tecnológicos y productivos” y “establecer los pilares de un gran Proyecto Nacional de Desarrollo e Inclusión Social”. Marcó algunos objetivos en particular: incentivar la fabricación de vehículos eléctricos; promover la paulatina adopción de una movilidad más sustentable; fomentar la industrialización del cannabis; fortalecer al sector hidrocarburífero y a la cadena agroindustrial, y dar impulso a la industria de medicamentos.

La primera promesa fue para la industria automotriz. El mandatario dijo que enviará un proyecto de ley de electromovilidad. Consiste en un paquete de medidas que intentará impulsar la fabricación de autos eléctricos y también la producción local de baterías con iones de litio, un elemento del cual el país posee una de las mayores reservas mundiales. Estos planes estarán a cargo del llamado “Instituto de la Movilidad”, que buscará “favorecer inversiones por US$5000 millones”, según dijo.

“El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o con uso del hidrógeno verde. La Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto para la incorporación de movilidad sustentable como para la producción en el país de ese tipo de vehículos y su cadena de valor, que comienza en el litio”, sostuvo el jefe de Estado ante los legisladores.

El anteproyecto de ley, cuya redacción recibe los últimos retoques en los escritorios del Poder Ejecutivo, se viene trabajando desde hace un año bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas. Es en el marco de la Mesa Sectorial Automotriz, que integran representantes del Gobierno, empresarios del sector, autopartistas y sindicalistas, entre otros actores.

El anuncio coincide con el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa china Jiangsu Jiankang Automobile para producir en el país vehículos urbanos eléctricos y baterías con utilización de litio. Y cuando ingrese al Congreso, el proyecto oficial se encontrará con otras iniciativas vigentes que, salvo algunos matices, van en la misma línea y que son impulsadas por el diputado de Juntos por el Cambio Gustavo Menna (UCR), por los macristas Héctor Baldassi (PRO) y Carla Piccolomini (PRO), y por el senador Julio Cobos (UCR), lo que anticipa un mínimo de consenso como para que se avance.

Fernández dijo también que enviará en las próximas semanas una ley para la producción de cannabis con fines medicinales e industriales, una iniciativa que desde el año pasado elabora la cartera de Kulfas junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Luis Basterra y que a fines de 2020 sumó los aportes de la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti y de las diputadas de la bancada oficialista Carolina Gaillard y Mara Brawer –ambas, autoras de iniciativas para promover la producción cannábica con fines medicinales y, en el caso de Brawer, para el desarrollo de la industria del cáñamo en rubros como el textil y el alimenticio.

El uso medicinal del cannabis es legal en la Argentina a partir de la sanción de la ley 27.350, cuya reglamentación fue modificada el año pasado para habilitar el autocultivo. Esta reforma apuntaría a ampliar el alcance de la norma vigente, que es de acceso e investigación, para posibilitar otros usos y para que se industrialice el cultivo. “La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años”, dijo el Presidente, a dos meses de haber alcanzado el primer acuerdo público -privado entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la compañía Pampa Hemp.

Sin dar en detalles, el mandatario agregó que enviará un proyecto para fortalecer las compras nacionales de medicamentos, a partir de la ampliación de los márgenes de preferencia para las empresas del país, hasta el 20% para el caso de las pymes. Asimismo, señaló que promoverá por ley “nuevas herramientas, como las compras públicas para la innovación, estimulando al sector privado para proveer soluciones creativas a problemas de gestión pública”.

Para el sector agropecuario anunció que impulsará un texto trabajado durante 2020 con el Consejo Agroindustrial Argentino. “Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad, para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado”, aseguró Fernández.

Además, insistió con un proyecto que ya había anunciado el 1º de marzo de 2020, pero que por la pandemia quedó postergado. Se trata de una nueva Ley Integral de Hidrocarburos. En este sentido, manifestó que el Gobierno enviará “un proyecto que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización. Y que genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas”. El encargado de pulir la letra chica de este texto es el exdiputado y flamante presidente de YPF, el santacruceño Pablo González, quien aún no lo envió al Congreso. La pregunta es si este año sí se conocerá finalmente el texto.

Un tramo importante del discurso presidencial fue el dedicado al capítulo “tarifas”. Fernández informó que se buscará “declarar la emergencia de los servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizar los precios definitivamente y “adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.

“Tenemos que trabajar para recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente”, pregonó.

La agenda en espera

Más allá de los proyectos que dijo que enviará, el Presidente les pidió el último lunes a los 65 diputados y 25 senadores presentes en el Congreso, y a los más de 240 legisladores que siguieron su discurso conectados de forma virtual, que aceleren la sanción del proyecto de cambios en el impuesto a las ganancias. La iniciativa busca aumentar la deducción especial del tributo que se aplica a los trabajadores de la cuarta categoría, para que queden exentos los salarios de hasta $150.000 brutos mensuales. La modificación es impulsada desde el oficialismo y fue el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa (FdT) quien presentó el texto.

En un claro respaldo a su autor, que estaba sentado a su derecha –aunque sin nombrarlo–, dijo: “Quiero pedirle a este honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de un 1,2 millones de argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello, recuperando así su capacidad de compra”. El proyecto comenzará a ser debatido la próxima semana, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, con las exposiciones de los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marco del Pont. Massa anticipó en los últimos días que al texto original se le incorporarán modificaciones, como fruto de negociaciones con los sindicatos y con la oposición, que tiene iniciativas propias sobre el tema. Está en estudio eximir las horas extras, el aguinaldo, los bonos por productividad y los gastos de guardería y de educación y, además, permitir la deducción del concubino.

El capítulo “empresas” del mismo gravamen también está en estudio en Diputados, sobre la base de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre pasado, que busca mantener en 2021 la alícuota de 30% que tributan en concepto de Ganancias las sociedades de capital y los establecimientos permanentes del país (en lugar de reducirla), y la tasa de 7% para los dividendos distribuidos y las remesas de utilidades a la casa matriz. De este modo, se aplazan por un año los alivios tributarios establecidos por una reforma de 2017. Se instrumentará a través de una prórroga de la vigencia del artículo 48 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

En los fundamentos del proyecto, el ministro Guzmán objetó que, si bien la reforma de 2017 tuvo como objetivo una reducción de impuestos a fin de fomentar la inversión, “los resultados no fueron los buscados”. Y concluyó que “diversos estudios han demostrado que la inversión en la República Argentina no es particularmente sensible a esta variable, y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico. De hecho, dicha reducción provocó pérdida de recursos tributarios generando en perspectiva un sendero de no sustentabilidad fiscal, con nulos efectos sobre la inversión”.

Otro de los reclamos al Congreso por parte de Fernández fue por los cambios a la ley del monotributo, según un texto que ingresó a Diputados a principios de enero pero que no tuvo aún ningún tipo de tratamiento. “Sé que muchos trabajadores y trabajadoras monotributistas se han perjudicado por el parate que significó la pandemia después de los años recesivos que la precedieron. Es necesario que este Congreso se aboque a tratar la ley que recategoriza y otorga moratorias a más de 350.000 monotributistas. Eso es darle mejores condiciones para reponerse y seguir con sus tareas”, exigió el primer mandatario durante la asamblea legislativa.

El “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, tal como se titula el proyecto, autoriza excepcionalmente la permanencia en el régimen de monotributo a los contribuyentes que se hayan excedido en su facturación en hasta un 25% por sobre el máximo de la última categoría en los últimos meses, al tiempo que prevé un régimen de transición con beneficios especiales para el IVA y Ganancias para quienes pasen al régimen de autónomos. Y el artículo 15 de la norma establece que las facturaciones máximas y las cuotas se actualicen por 2021 según el porcentaje de suba que tuvieron las jubilaciones mínimas en 2020 –35,3%–. Pero, mientras eso no se apruebe, se mantienen las escalas del año pasado.

Además de todo este paquete de medidas, el Congreso tiene en carpeta una serie de proyectos que venían avanzando a paso firme en el debate. Uno de los más adelantados es el de la ley de etiquetado frontal de alimentos. El texto obliga a la industria de la alimentación a incluir en los envases de sus productos una etiqueta con octógonos negros, en los que se advierta a los consumidores sobre los excesos de azúcares, de sodio, de grasas saturadas y grasas totales, y la cantidad de calorías. Si bien fue aprobado el año pasado en el Senado casi por unanimidad, sigue en estudio en la cámara baja, donde, a partir de la fuerte oposición que plantearon los gobernadores y diputados oficialistas y opositores de las provincias azucareras y la propia Cancillería, quedó frenado.

La prórroga de la ley de biocombustibles que vence en mayo, era la clave que destrabaría el debate del proyecto impulsado por el tándem mendocino Fernández Sagasti (FdT) y Julio Cobos (JxC) pero, como también quedó congelada, ahora analizan modificaciones que harían que el texto tenga que volver a pasar por la cámara de origen.

En tanto, luego de que Fernández decidiera no incluir la extensión hasta 2024 de los beneficios fiscales que tienen los biocombustibles en el temario de las sesiones extraordinarias, los legisladores oficialistas de las provincias del litoral y del NOA y los bloques más chicos de la oposición, con el lavagnismo a la cabeza –claves para llegar el quórum y avanzar con la agenda del oficialismo– esperaban el inicio del período ordinario de sesiones para volver a la carga y reclamar la urgente aprobación. Si bien aún no hay novedades, se espera que las haya antes del vencimiento del régimen, en mayo.

Finalmente, y luego de que en el verano se sancionó la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que establece que las negociaciones en materia de deuda del Estado con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval parlamentario, se espera que el Congreso haga una revisión del programa que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es amplia la agenda de temas económicos para un año que empezó sin acuerdo en relación con el funcionamiento virtual de las cámaras y con altos grados de conflictividad entre el oficialismo y la oposición y –para colmo–, en el que deben celebrarse las elecciones de medio término para el recambio de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores.

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