Un mundo que va a otra velocidad

Hay un contraste cada vez más notable entre la dirección en la que va al mundo y las discusiones cotidianas de la Argentina. Mientras que la economía global comienza recuperarse lentamente tras el impacto de la pandemia aquí se debate sobre la incidencia de los costos en el precio de los alimentos.

La señal más importante vino ayer desde China. En la apertura de las sesiones de la asamblea nacional, el primer ministro Li Keqiang dijo que el país prevé un crecimiento de 6% para este año, casi cuatro puntos porcentuales más que el año pasado, que había representado la cifra de incremento más baja desde 1976. Eso, además, representa la creación de 11 millones de puestos de trabajos en las ciudades, según dijo.

Si se tiene en cuenta que el gigante asiático representa el 80% de las exportaciones de poroto de soja de la Argentina y el destino de más de 70% de las ventas externas de carne vacuna del país, aquí se debería discutir cómo mejorar esa inserción comercial con más productos. Por ejemplo, todavía no se concretó el acuerdo suscripto en 2019 por el que China aceptaba importar más harina de soja, el principal bien del complejo oleaginoso argentino.

Además, el rally alcista de Chicago, como explicó en estas páginas el analista Enrique Erize, tiene en la demanda china a uno de sus principales factores. Esta semana lo confirmó uno de los principales ejecutivos de Archer-Daniels Midland (ADM). “Confío en que el impulso de 2020 continuará este año y más allá”, expresó el director financiero del gigante granario Ray Young, durante la Conferencia Global de Agricultura y Materiales de Bank of America. “Este no es un fenómeno de un año”, añadió, en declaraciones que reprodujo la agencia Bloomberg.

El ejecutivo, además, estimó que China importará 100 millones de toneladas de soja este año y 25 millones de toneladas de maíz, fundamentalmente por el crecimiento de la demanda.

Mientras tanto, los productores argentinos tienen que enfrentar sin un esquema de seguros multiriesgo la falta de lluvias de febrero, que según las últimas estimaciones, hará caer en tres millones de toneladas el volumen de la cosecha de soja respecto de la campaña 2019/20.

En ese contexto, la cadena agroindustrial se ve obligada a participar de reuniones casi extravagantes como la que convocó esta semana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para analizar el impacto de los costos en la formación del precio de los alimentos. Una tarea que podría hacerse con solo ordenar las bases de datos que tienen los propios organismos del Estado y realizar unas breves consultas. Más llamativo aún es que el Gobierno se empeñe en aplicar herramientas como los controles de precios, que la evidencia histórica de cualquier economía demuestra que nunca sirvieron y que empujan a la escasez. Sí, en cambio, han sido más eficientes las medidas orientadas a establecer mecanismos de defensa de la competencia.

No obstante, un leve atisbo de trabajo en común pudo encontrarse en la mención del presidente Alberto Fernández durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso al trabajo realizado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para promover una ley que otorgue previsibilidad fiscal y financiera a las exportaciones del agro. En rigor, el propio CAA, cuando presentó la idea hace casi un año, había propuesto aprobar esta norma para fines de 2020. Las decisiones tomadas a destiempo también pueden hacer perder oportunidades.

Esta lentitud se combina con la pasividad del Gobierno frente a los crecientes conflictos sindicales. Se entiende que haya más reclamos en un contexto económico de inflación elevada, donde los salarios suben por la escalera mientras que los precios lo hacen por el ascensor. Pero la cadena agroindustrial es protagonista de conflictos que se extienden más allá de lo que deberían durar cuando el Estado pone en juego sus herramientas para lograr acuerdos entre las partes.

Eso ocurrió en diciembre y en enero pasados durante el paro de los trabajadores aceiteros y recibidores de granos y las medidas de fuerza de los transportistas autoconvocados. El complejo oleaginoso y exportador de granos estuvo prácticamente paralizado durante un mes y medio. En los últimos días se sumaron el anuncio del cierre del frigorífico ArreBeef, uno de los más grandes y antiguos del país, porque su dueño, Hugo Borrel, se cansó de enfrentar peleas por encuadramiento gremial, y el bloqueo de la pyme láctea Mayol, de Cañuelas, impulsado por la poderosa Atilra.

En el sector empiezan a pensar si no hay algo más que una simple coincidencia en la suma de los conflictos. En regímenes como el venezolano, la demolición de los principios básicos de una república fue paralela con la de los medios de producción. Hay espejos a los que mejor no acercarse.

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