“Querella penal”: el Banco Central ya giró documentos para investigar al macrismo


Pesce legando meses atrás a Casa Rosada: ahora acompañó el reclamo presidencial reiterando una denuncia del año pasado. Fuente: LA NACION – Crédito: Fabián Marelli
1 de marzo de 2021  • 16:20

En línea directa con el anuncio presidencial en la sesión de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Banco Central (BCRA), que conduce Miguel Pesce, elevó hoy a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para determinar si generaron perjuicios al Estado.

El giro de los expedientes fue acompañado con un pedido para que este organismo realice una “auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.

Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019”, aunque en períodos de las administraciones anteriores el ritmo de salida de capitales fue similar. También las actuaciones administrativas referenciadas y de los expedientes EX-2018-00154908- -GDEBCRA-GG#BCRA y EX-2018-00258928- -GDEBCRA-GG#BCRA tramitados en el BCRA.

En el comunicado mediante el que difundió su decisión el BCRA recordó que esos expedientes ya habían sido remitidos a finales de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación, lo que no hace más que vincular el nuevo giro de la documentación con el anuncio que hizo el Presidente.

En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.

Vale recordar que el director del departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario, Gerry Rice, había anunciado días atrás que el organismo publicará en los próximos meses un trabajo de evaluación sobre el desempeño del programa financiero firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri con la entonces directora gerente Christine Lagarde, que se convirtió en el préstamo más grande de la historia de la institución.

“Estamos trabajando en una evaluación Ex-Post del programa de 2018. Es una evaluación que hace el staff, es distinto del trabajo que hace la Oficina de Evaluación Independiente”, explicó Rice. “Es algo que hacemos para todos los programas que cuentan con acceso excepcional, no es solo por Argentina”, agregó.

Objeta las formas y el uso

El BCRA hizo notar ahora que el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico, algo que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el exMinisterio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo con el rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo.

Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características.

En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones estaban facultados para tomar dicha decisión.

La documentación aportada incluye el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019” que elaboró el BCRA en marzo de 2020 a pedido de Fernández.

El informe concluye que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones.”, señala, aunque la fuga de capitales es un fenómeno que excede ese lapso y había llegado a superar los US$ 70.000 millones durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, cuando Pesce ejercía la vicepresidencia del BCRA.

Y recuerda que el art. VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice textualmente: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.

Sin embargo, los datos públicos muestra que parte de esos recursos fueron a atender pagos de la deuda externa Argentina, lo que mantuvo ese pasivo relativamente estable, aunque con un manifiesto cambio de acreedor.

De hecho, mientras en 2017 (cuando era en total de US$320.935 millones) solo el 9% de la deuda externa argentina (US$ 29.611 millones) estaba en poder de organismos multilaterales, en 2019 (cuando era de US$ 323.065 millones) esa proporción superó el 23%, ya que había escalado por estos acuerdos hasta los US$ 73.400 millones, según información del Ministerio de Economía

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