En su mensaje al Congreso por el inicio del 139° período de
sesiones ordinarias,
el presidente
Alberto Fernández
anunció dos medidas importantes que tienen relación con la economía: ordenará una investigación penal contra el gobierno anterior por la deuda pública y avanzará en la pesificación de las tarifas de servicios públicos.
Fernández dijo que, entre las críticas que recibió por el manejo de la pandemia de Covid-19, la ausencia de una estrategia económica le pareció un “reproche desmerecido” y listó entre otras medidas el congelamiento de precios de los alimentos, la suspensión de cortes de servicios públicos en los segmentos vulnerables, la prohibición de despidos sin causa, el ATP y el IFE, entre otras cosas.
En este sentido, dijo que muchos países experimentaron una caída del PBI, el aumento de la pobreza, la suba de los déficits fiscales y el incremento de la deuda pública, pero que uno de los desafíos “es poder entender qué impactos obedecen a procesos globales y cuáles a políticas económicas”, en referencia al gobierno de su antecesor Mauricio Macri.
“En 2018, hubo crisis de la balanza de pagos, recesión, caída de la actividad y aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia. Como si esto fuera poco, cuando no hubo más financiamiento internacional, se pidió un préstamos al Fondo por US$44.000 millones que se esfumaron antes de que asumiéramos”, afirmó.
De acuerdo con eso, dijo que instruyó a las autoridades permanentes para que formalmente inicien una querella criminal contra quienes fueron “partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”.
En cuanto al acuerdo con el Fondo dijo que tiene que incluir estos tópicos, pero sugirió que la negociación será lenta. “Apuro tienen los pícaros. Nosotros tenemos apuro en mejorar la producción para ayudar a las familias a salir del pozo de la pobreza. No hay más lugar para ajustes recesivos”, apuntó.
Por otro lado, dijo que reactivaron 1000 obras en ejecución en todo el país y que este año se destinará un 2,2% del PBI al impulso de la obra pública, frente al 1,1% de 2019.
Sobre la inflación, sostuvo que es un “problema multicausal” y que las mesas de diálogo con distintos sectores productivos deberían ayudar a bajar los precios. “Cada sector tiene que estar dispuesto a contribuir en beneficio del conjunto. Nadie se salva solo. Para nosotros, la recuperación de los salarios reales es el objetivo prioritario”, destacó.
En cuanto a los proyectos de ley que se presentarán, habló de iniciativas para impulsar la electromovilidad, para fomentar la industria del cannabis y para mejorar las compras de alimentos.
También se enviarán leyes que pretenden agregar valor a exportaciones y para generar las condiciones para el desarrollo de recursos hidrocarburíferos que tiene el país, según la promesa oficial.
Una de las apuestas más importantes de Fernández pasa por las tarifas de servicios públicos, que están congeladas desde 2019. Su plan, según sostuvo, es avanzar en tarifas diferenciales y desdolarizar el componente de las facturas, para lo cual enviará una ley al Congreso.
“Queremos que los costos fijos que representan en millones de familias repercutan menos, mientras se preserva la sustentabilidad”, cerró.
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