Visión oficial. Precios de alimentos, vacunas y cuarentena en versión 2021


El equipo económico reunido ayer en el Ministerio de Desarrollo Productivo con las empresas de alimentos Crédito: Min. Desarrollo Productivo

En el Gobierno hacen la cuenta. Los precios en góndola subieron un 23,5% en 2020. Los frescos, casi un 55%, y los insumos, entre un 50% y un 70%. Esa foto, que ya había sido encuadrada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, a fines de noviembre pasado llegó tarde al escritorio del ministro de Agroindustria, Luis Basterra, que en un manotazo veloz -como para evitar un descalabro político interno- decidió cerrar las exportaciones de maíz.

Luego llegaron las amenazas de retenciones postergadas por el presidente Alberto Fernández después de una caliente charla con la mesa de enlace. Todo fue marcha atrás. Esa película cerró un ciclo ayer con el equipo económico y las empresas alimenticias. Fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien les reconoció a esas compañías que sus costos -entre ellos los insumos- habían subido más que los precios en góndola, lo que había impactado en su rentabilidad y, según las empresas, en sus posibilidades reales de subsistencia.

El Gobierno prometió ayer a las empresas privadas “armonizar” esa relación entre insumos y precios. Oficialmente esperan habilitar más subas generales en el marco de Precios Máximos, pero serán muy lentas y muy suaves, algo que enerva a las compañías. “Alguien puede tirar del mantel y llevárselo, pero todo lo que está arriba se rompe”, dijo ayer la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en la reunión en la que estuvieron empresarios y funcionarios.

Un hombre de negocios presente consideraba ayer que era imposible seguir explicando en la casa matriz de su firma que los precios no se movieran desde octubre pasado. Por el lado de la “armonización” de insumos, las retenciones siguen siendo una amenaza latente ante los aumentos de los precios internacionales empujados por la demanda china. A otros, quienes venden agroquímicos, tienen pensado pedirles explicaciones sobre aumentos por encima del movimiento comercial del dólar. “Que traigan sus facturas”, dicen en el oficialismo.

Esa recomposición lentísima de la rentabilidad se justifica en la tensión latente que provoca el aumento de precios de los alimentos en el humor social en un año de elecciones. Por eso, el Gobierno, y principalmente el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca trabajar en las expectativas de los privados vendiendo su proyección de inflación de 29% para este año.

Una estimación divergente no sólo con lo que dicen los consultores privados del REM (más cerca de 50%), sino los propios números oficiales. Enero arrancó con un alza de 4%, acompañada con un mismo porcentaje de devaluación del peso. Febrero estará más cerca de 3% (es estacionalmente más bajo) creen en el oficialismo, pero marzo suele volver a recalentarse con el inicio de clases. Algunos en el equipo económico creen que el Banco Central (BCRA) debería haber comenzado un poco antes con el freno a la suba del tipo de cambio. En febrero ya arrancó a desacelerarse la devaluación, explican los funcionarios.

Incluso entre aquellos que lideran los controles de precios hoy en el Gobierno entienden que el problema de la inflación -si bien “es multicausal”- se combate desde una macroeconomía ordenada. Tal explicación enerva a los cristinistas más acérrimos, que ven desplazada la culpa de las subas de precios de las empresas privada a un Estado desordenado fiscalmente. Sin embargo, y pese a que reconocen el impacto mediático y político de las imputaciones a las empresas de alimentos, entienden que algunos sectores concentrados atentan contra el abastecimiento para empujar los precios. El ejemplo recurrente es el de los aceiteros.

Pero antes que los precios, la preocupación en el Gobierno pasa por la vacuna, sobre todo luego del escándalo. “Es imposible que eso pase nuevamente”, contesta un ministro. La pregunta no iba dirigida a la vacunación vip sino a si era viable o no una cuarentena como la de marzo y abril de 2020 en el invierno, sobre todo si las vacunas no llegaban masivamente como prometió el Gobierno en diciembre pasado.

El funcionario dijo que la decisión es no volver a cerrar de esa forma. La industria, con protocolos, es segura. Sin embargo, reconoció “riesgos”. Entre ellos, hoy existen algunas empresas que pagan altos sobrecostos por tener entre un 10% o un 15% de sus trabajadores licenciados porque son de riesgo. Un 10% más de ausentismo por nuevos contagios de covid pondría a las empresas en situación crítica. Sin ATP, por ahora, para los sectores más lastimados habrá Repro II, que para el sector del turismo podrían reforzarse un poco más.

El oficialismo, pese a los problemas con los dólares y, por ende con las importaciones, cree que la economía se recuperará este año. Pese a que hay suspensiones y una fuerte baja de horas trabajadas, los funcionarios creen que la mejora del empleo ya se nota por lo menos en dos sectores: la industria, y también en la construcción. Ambos beneficiados por la brecha.

Todos esperan que el presidente Alberto Fernández mencione, entre otros proyectos para este año, la ley de electromovilidad en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1º de febrero. Es un proyecto que busca venderse a inversores chinos, país con el que se firmó un memorándum de entendimiento. El sábado llegará el primer interesado de ese país convencido por Sabino Vaca Narvaja, embajador en esas tierras. ¿La idea? Que invierta con un socio local en una planta para producir transporte público eléctrico y generar, de esta manera, mayores negocios, no sólo para el litio local, sino para aquellos que se animen a producir baterías. Por las dudas, algunos productores de ese mineral, que ven llegar esas intenciones, ya preguntaron oficialmente: “¿Me dejarán exportar?”. Es un reflejo de las dudas que la política oficial proyecta desde la mesa del trigo y el maíz en medio de los aumentos de los alimentos.

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