Las jubilaciones y pensiones del sistema previsional nacional tendrán una recomposición de 8,07% en marzo en función de la nueva fórmula de movilidad, en tanto que quienes cobran hasta $30.856 mensuales percibirán dos bonos de $1500 en abril y en mayo. La medida se anunció anoche a través de un comunicado de la Anses, tras una reunión en Olivos de la que participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán y la directora ejecutiva del organismo de la seguridad social, Fernanda Raverta.
El aumento determinado por la fórmula no alcanzará para compensar los efectos de la inflación y los haberes de quienes no reciban adicionales volverán a perder poder adquisitivo; en este caso, tendrían una caída trimestral en términos reales superior al 3%. Según el comunicado oficial, quienes recibirán los dos bonos son el 70% del total de jubilados y pensionados. Durante el debate legislativo que se dio a fines de 2020, el Gobierno se negó a incluir una cláusula de garantía de cobertura frente a la inflación, una variable que no está contemplada en la modalidad de cálculo.
El reajuste de los ingresos mensuales también impactará en las pensiones no contributivas, en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las prestaciones del salario familiar; en total, son cerca de 17 millones las prestaciones alcanzadas. El de marzo es el primer reajuste que se otorga a partir de la vigencia de la nueva fórmula de movilidad, basada en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos por beneficio que se derivan a la Anses.
Con el cobro del tercer mes de este año, el haber mínimo será de $20.571. En abril y mayo quienes están en ese grupo percibirán $22.071. Y el haber máximo será de $138.426. La AUH, en tanto, llegará a $4017 y los montos de la asignación por hijo que cobra un grupo de asalariados formales y monotributistas serán de $842, $1636, $2708 y $4017, dependiendo del rango de ingresos de la familia. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, pasará a $16.457 (sin incluir los dos bonos).
Para determinar el porcentaje de aumento, la nueva fórmula, que tiene tope y no piso, se basa en la evolución interanual de la recaudación de impuestos que tienen como destino total o parcial a la Anses, por beneficio, y en la variación trimestral de los salarios, según uno de dos indicadores (el que arroja, en cada período, el aumento más alto): el Índice de Salarios que difunde el Indec, o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), publicado por la Secretaría de Seguridad Social. En el caso del reajuste de marzo se contemplan los datos del último trimestre del año previo y se tomó como referencia salarial el dato del Indec.
Frente a ese período de referencia, el porcentaje arrojado por la fórmula se ubica más de tres puntos porcentuales por debajo de la inflación, que fue de 11,4%.Para el primer trimestre de este año, ahora en curso, se estima que la inflación sería de 11,9%; esa cifra surge de tomar el 4% de variación del índice de precios que hubo en enero, según lo informado por el Indec, y agregar las proyecciones de los centros de estudios económicos para febrero y marzo, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. De esa manera, considerando lo que podría ocurrir con los precios en estos meses, la variación real de los haberes para quienes no reciban compensación será negativa y de alrededor de 3,4%.
Las subas por movilidad alcanzan a poco más de 6,8 millones de jubilaciones y pensiones (cobradas por 5,7 millones de personas), 1,6 millones de prestaciones no contributivas, incluida la PUAM, y más de 8,5 millones de asignaciones por hijo, entre las del sistema formal de la seguridad social y el pago del beneficio universal, que abarca a trabajadores informales, desocupados y del régimen de trabajadoras de casas particulares.
Según dispone la ley de movilidad previsional, luego de la suba de marzo habrá otras en junio, septiembre y diciembre. La del último mes del año incluye en su cálculo la observación de la variable que actúa como tope de la variación anual de las prestaciones: la suba, según lo establecido, no puede superar en más de un 3% al incremento que haya tenido la recaudación total de recursos destinados a la Anses. En cambio, no hay piso para las recomposiciones, por lo que en el año podrían quedar por debajo de la inflación sin que exista una corrección.
El índice de movilidad tiene impacto sobre los aportes previsionales mensuales que hacen los autónomos y sobre el tope salarial para calcular los descuentos con destino a la seguridad social. En el primer caso, los montos mensuales en las categorías I y II pasarán a ser de $3695 y $5173, respectivamente, mientras que la remuneración máxima para el cálculo de los aportes será de $225.177, en lugar de los $208.357,30 actuales.
En caso de haber continuado vigente la fórmula aprobada durante el gobierno anterior, en 2017, suspendida durante todo 2020 y finalmente reemplazada por la actual, la suba de marzo habría sido de 7,18%. En realidad, ese índice se estaría aplicando sobre haberes de montos superiores a los actuales y la jubilación mínima llegaría a $21.410, es decir, $839 más que la que habrá en marzo. Y el haber máximo llegaría a $156.859, $18.433 más que la cifra que regirá entre el tercer y el quinto mes de este año.
Durante el año en que se mantuvo suspendida la fórmula de ley, los aumentos fueron dispuestos por decreto y a partir de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Así, mientras que por la fórmula dejada sin efecto habría correspondido un alza anual 42% en 2020 para todos, en la práctica las subas fueron de entre 24,3% y 35,3%, con pérdidas de poder adquisitivo de entre 0,6% y 8,7%. Se trató de un ajuste fiscal que en 2020 significó dejar de pagarles a los jubilados cerca de $100.000 millones, y que en este 2021 y en los años siguientes sigue y seguirá teniendo su impacto, porque los porcentajes de recomposición se irán aplicando sobre haberes mensuales inferiores a los que habrían resultado si no se hubiera tomado la decisión política de que transcurriera un año sin fórmula de movilidad previsional.
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