En un duro comunicado, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) advirtió hoy sobre los riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia que introdujo el kirchnerismo con los cambios a la ley de Defensa de la Competencia, a los que calificó de “dudosa legitimidad”.
Las reformas fueron introducidas por el Senado el 4 de este mes a través de una iniciativa del bloque kirchnerista. Con el apoyo de sus aliados en aquella cámara, el Frente de Todos avanzó con el proyecto que pretende poner bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español, al tribunal que se encarga de analizar las situaciones de monopolio y que autoriza los procesos de fusiones y adquisiciones empresarias.
“Las modificaciones aprobadas por el Senado de la Nación no contribuyen a avanzar hacia una mayor competencia ni a generar inversiones productivas y mejor empleo e incorporan criterios de dudosa legitimidad y riesgos de discrecionalidad”, expresó el comunicado. Desde la asociación advirtieron que los cambios reducen la transparencia y aumentan los riesgos de discrecionalidad al ubicarse a la Autoridad Nacional de la Competencia como dependiente de la Secretaría de Comercio Interior. Esta situación concede mayor influencia al poder político para controlar el tribunal.
Desde ACDE agregaron: “se imponen requisitos de dudosa legitimidad a quienes integren el Tribunal de Defensa de la Competencia, se reemplaza su selección por concurso público por la designación a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y se reduce de 5 a 4 años su mandato, exigiendo su renovación total y no parcial y escalonada”.
Para la asociación, el kirchnerismo introdujo cambios regulatorios que operan en sentido inverso al mejoramiento del control de la competencia y el cese de conductas inadmisibles de las empresas. En ACDE también repararon en que los cambios se contradicen con la celeridad en los procedimientos que dispone la ley de Defensa de la Competencia.
“No podemos apoyar normas que a la naturales dudas que genera cualquier decisión de inversión, le introducen dudas imposibles de resolver, como son si esa inversión finalmente será aprobada o, peor aún, cuándo se conocerá una decisión”, continuó el comunicado. La asociación que nuclea a empresarios cristianos, y que se ampara en la doctrina social de la Iglesia, espera que la iniciativa sea finalmente rechazada por la cámara de Diputados, que es la que ahora definirá si las reformas introducidas finalmente se convierten en ley.
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